Las empresas de cobro por lo
general son criminalizadas por una actividad que consiste en defender el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de un perjudicado,
siendo el deudor (moroso), quien está vulnerando la legalidad y causando un perjuicio económico a su acreedor.
La idiosincrasia de nuestra cultura, hace que veamos al pillo con cierta gracia y se tolere esa actitud, y por contra, a quien reclama el cumplimiento del acuerdo y la obligación contraída, como a un "matón", "un intransigente" o un "buitre".
Muchas pymes y autónomos, cierran
cada año a causa de la morosidad. Lógicamente, tiene que sufrir uno la morosidad, para sufrir las consecuencias y ver las cosas en perspectiva.
Solamente en el año 2017, nos remontamos a periodo antes de pandemia, cerraron
definitivamente en España
- 27.357 empresas
- 13.140 autónomos
- y se presentaron 4.221 concursos de acreedores
en Juzgados
Servicobro insiste mucho en buscar una solución
extrajudicial o amistosa, adaptándonos a las posibilidades económicas de los
deudores y evitando así mayores gastos y
molestias. Cerramos acuerdos de pago de todo tipo, en función de los ingresos
económicos en cada caso.
Por último, recordar, que cuando contactamos con alguien, es porque ha dejado
de pagar una factura, o ha incumplido un compromiso de pago, y es esa
persona, quien está incumpliendo la ley, no la empresa de cobros.
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